Preguntas frecuentes sobre Ley de Segunda Oportunidad

Puede acogerse cualquier persona física en situación de insolvencia actual o inminente que haya actuado de buena fe y no incurra en las excepciones del art. 487 TRLC. Excluyen las condenas firmes, en los 10 años anteriores, a pena privativa de libertad por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, siempre que la pena máxima del delito sea de 3 años o más, salvo que se haya extinguido la responsabilidad criminal y se hayan pagado las responsabilidades económicas (art. 487.1.1º TRLC). Se aplica tanto a particulares (asalariados, pensionistas, desempleados) como a autónomos y exadministradores de sociedades mercantiles.

Haber intentado pagar las deudas, no haber ocultado patrimonio ni haber asumido nuevas deudas sabiendo que no podías pagarlas. No es un concepto moral sino jurídico: se presume buena fe salvo prueba en contrario por parte de un acreedor durante el procedimiento.

No hay mínimo legal, pero en la práctica solo tiene sentido económico a partir de 20.000€-25.000€ de deuda, porque por debajo de esa cifra los honorarios del procedimiento pueden no compensar. En cada caso analizamos la viabilidad económica.

No. Tener una hipoteca al corriente no afecta a tu derecho de acogerte. La hipoteca se mantendrá con el banco (puedes seguir pagándola) y el resto de deudas exonerables se cancelan. Eso sí, el crédito hipotecario forma parte del concurso: tiene privilegio especial y, dentro de ese límite, no es exonerable (art. 489.1.8º TRLC).

Depende del tipo. Excluyen las condenas firmes, en los 10 años anteriores, a pena privativa de libertad por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, siempre que la pena máxima del delito sea de 3 años o más, salvo que se haya extinguido la responsabilidad criminal y se hayan pagado las responsabilidades económicas (art. 487.1.1º TRLC). Otros antecedentes penales no excluyen por sí mismos, aunque el art. 487 recoge otras excepciones no penales (sanciones administrativas muy graves, derivación de responsabilidad, concurso culpable o información falsa, entre otras).

Sí, con limitaciones temporales. Desde la reforma de 2022 puedes acogerte de nuevo si han pasado al menos 2 años desde la exoneración anterior (modalidad con plan de pagos) o 5 años (modalidad con liquidación). Es una medida excepcional, no una herramienta para usar repetidamente.

Entre 3 y 12 meses habitualmente, dependiendo del juzgado, la modalidad elegida y si hay oposiciones. La preparación del expediente lleva 3-6 semanas, la declaración de concurso 2-6 semanas más, y el procedimiento judicial hasta el auto de exoneración entre 3 y 9 meses desde la declaración.

Para el estudio inicial basta con un listado aproximado de deudas con los acreedores principales, última nómina o justificante de ingresos, y extracto bancario reciente. El resto (escrituras, declaraciones de renta, certificados) lo iremos pidiendo solo si el caso avanza, para no hacerte trabajar en balde.

Ante el juzgado mercantil del lugar donde tengas tu domicilio. Desde la reforma de 2022, para personas físicas no empresarias algunos juzgados de primera instancia también asumen competencia. Te corresponde el de tu provincia (Madrid, Pontevedra, etc.).

Normalmente no. La mayoría de trámites se hacen por escrito y tu abogado y procurador te representan. Solo en casos excepcionales hay una vista judicial donde puede requerirse tu comparecencia. Si ocurre, es un trámite breve que preparamos contigo con antelación.

Sí, pero solo si tu situación lo permite. La modalidad con plan de pagos requiere que tengas capacidad económica estable para afrontar las cuotas pactadas (normalmente un porcentaje de los ingresos sobre el mínimo vital) durante 3 años, o 5 si conservas tu vivienda habitual (art. 497 TRLC). Si tus ingresos son muy bajos o inestables, lo habitual es la modalidad con liquidación.

La oposición de un acreedor se tramita como un incidente procesal. Nuestro abogado contesta por escrito y, si procede, hay una vista judicial donde el juez decide. No paraliza el procedimiento y las oposiciones con fundamento real son minoritarias (la mayoría son escritos de forma).

No necesariamente. Con la modalidad de plan de pagos conservas tu patrimonio, incluida la vivienda, mientras cumplas el plan y las cuotas de la hipoteca; en ese caso el plan dura 5 años (art. 497 TRLC). En la modalidad con liquidación, qué ocurre con la vivienda depende de cada caso y de la situación de la hipoteca, y se analiza en el estudio previo.

Desde la declaración de concurso se suspenden las ejecuciones en curso y no pueden iniciarse otras nuevas; los embargos administrativos (Hacienda, Seguridad Social) decretados antes pueden continuar sobre bienes no necesarios para la actividad (arts. 142-144 TRLC). Si tenías un embargo judicial en nómina, queda suspendido. La Ley protege además el mínimo vital: el embargo nunca puede dejarte sin ingresos para cubrir necesidades básicas.

No necesariamente. Conservarás tu cuenta bancaria básica para operar en el día a día. Lo que puedes perder son las tarjetas de crédito asociadas a deudas incluidas en el concurso (se cancela ese crédito). Mantendrás tu tarjeta de débito y la cuenta donde cobras la nómina o pensión.

Depende del régimen económico matrimonial. En régimen de separación de bienes, el patrimonio del cónyuge no se ve afectado. En régimen de gananciales, sí puede verse afectada la mitad ganancial correspondiente al deudor. Se analiza caso por caso para proteger al máximo el patrimonio familiar.

No como tal. El procedimiento es judicial pero no se comunica a tu empleador ni a tus familiares para informarles de tu situación. Se publican edictos en el BOE y en el Registro Público Concursal, pero son trámites administrativos que no llegan por iniciativa propia a tu entorno. Hay una excepción: si tienes un embargo de nómina en vigor, el juzgado de ejecución comunica su suspensión a la empresa pagadora, porque es quien lo aplica. Fuera de ese caso, solo se enteran quienes tú decidas contar.

Sí. El procedimiento no afecta a tu actividad laboral. Puedes continuar trabajando por cuenta ajena, de autónomo o buscar empleo con total normalidad. El procedimiento es jurídico-económico, no laboral.

Parcialmente. La Ley 16/2022 permite exonerar hasta 10.000 € con Hacienda (AEAT) y otros 10.000 € con la Seguridad Social, solo en la primera exoneración: los primeros 5.000 € íntegramente y, a partir de ahí, el 50 % de la deuda hasta alcanzar ese máximo (art. 489.1.5º TRLC). El resto no se exonera y debe pagarse. Las deudas con ayuntamientos o comunidades autónomas no gestionadas por la AEAT no son exonerables.

No son exonerables. Las pensiones de alimentos a hijos o cónyuge están excluidas por ley. Deben seguir abonándose durante y después del procedimiento. Lo mismo ocurre con las indemnizaciones por responsabilidad civil derivada de delito.

Las multas penales y las sanciones administrativas muy graves no son exonerables (art. 489.1.6º TRLC). Las demás sanciones solo son exonerables si su recaudación la gestiona la AEAT o la Seguridad Social, y dentro del límite de 10.000 € de cada una; las multas de ayuntamientos o comunidades autónomas no gestionadas por la AEAT no son exonerables.

Sí. Los préstamos ICO concedidos durante la pandemia son exonerables como cualquier otra deuda bancaria, siempre que cumplas los requisitos generales (buena fe, insolvencia, etc.). La garantía pública del ICO no impide la exoneración para ti como deudor.

Los avales personales convierten la deuda avalada en deuda propia del avalista. Son totalmente exonerables como deudas tuyas, siempre que la deuda original sea exonerable. Esto es especialmente importante para exadministradores que avalaron deudas de su sociedad. Al revés, la exoneración del deudor no beneficia a sus fiadores ni avalistas (art. 492.1 TRLC).

Sí, las tarjetas revolving son deudas bancarias plenamente exonerables. Si además la tarjeta tiene intereses abusivos (usura), se puede combinar el procedimiento con una acción de nulidad del contrato para recuperar incluso parte de lo pagado indebidamente.

Entre 2 y 4 semanas desde que se dicta el auto firme de exoneración del pasivo insatisfecho. Nosotros notificamos directamente a las entidades para que ejecuten la baja. Si a las 4 semanas sigue apareciendo alguna deuda exonerada, tramitamos la reclamación formal a la entidad; si supone algún coste, te lo comunicamos antes por escrito.

Sí, pero con matices. La desaparición del ASNEF reabre formalmente la posibilidad de obtener crédito, pero los bancos consultan también otros registros internos (CIRBE) y su historial con el cliente. La recomendación habitual es esperar 6-12 meses con comportamiento financiero regular antes de solicitar crédito, para maximizar la probabilidad de aprobación.

El procedimiento queda registrado en el Registro Público Concursal, que es consultable por cualquiera. Pero esto no implica consecuencias prácticas ni sociales: no aparece en tu DNI, no se comunica a tu empresa ni a tu familia, y no figura en registros de antecedentes. Con el paso del tiempo deja de ser relevante incluso en el plano crediticio.

Sí, sin restricciones. Tras el auto de exoneración quedas libre de deudas y puedes darte de alta de nuevo como autónomo o constituir una sociedad al día siguiente si quieres. No existe ningún tipo de inhabilitación automática tras la exoneración.

Si dejas de cumplir el plan sin causa justificada, el juez puede revocar la exoneración y las deudas reviven en su cuantía original. Por eso es muy importante pactar un plan realista. Si hay un problema puntual (pérdida de empleo, enfermedad), se puede solicitar modificación del plan al juez antes de que te declaren en incumplimiento.